ATER: no hay funcionarios imputados

Brujula
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En la larga lista de sospechosos dada a conocer por la procuración general no aparece Gustavo Gioria, que se desempeñaba como tesorero de la provincia y que tuvo que renunciar cuando se conoció el escándalo por haber aparecido como asesor de una de las empresas que estafaron al fisco. Una trama similar se lee en el expediente de la causa de las cosechadoras.

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Se conoció, finalmente, la requisitoria fiscal de la causa que se investiga en el seno de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). Una larga lista de empresarios y dos empleados del organismo recaudador cayeron en las garras de la Justicia. Se trata de la jefa de Despacho, Estrella Martínez de Yankelevich; y el de Mesa de Entradas, Daniel Gaggión.

El requerimiento lo hicieron los fiscales Gervasio Labriola y Laura Cattáneo. El primero, quien oficia de fiscal auxiliar, es sobrino político del presidente de la Cámara de Diputados, José Allende. Ahora, la jueza Marina Barbagelata, tomará las riendas del caso.

En la nómina de imputados no apreció un funcionario que se daba por hecho que estaría en el grupo de sospechosos. Es Gustavo Gioria, que se desempeñaba como tesorero de la provincia, y que apareció como contador asesor de una de las empresas vinculadas al escándalo que denunció el jefe de la ATER, Marcelo Casaretto, y que a la fecha suma un desfalco de 38 millones de pesos.

Gioria, trascendido el episodio, decidió presentar su renuncia al cargo. No es para menos. El ahora ex funcionario, junto a otros contadores, aparentemente formarían parte de una red de profesionales que “ofrecían” a empresas proveedoras del Estado, deudoras de impuestos, compensarlas con acreencias y así liquidar todo en cero. La salida del cargo fue el fusible ante el delito de incompatibilidad en el ejercicio de la función. Hasta ahora, para la Justicia, no es un sospechoso.

El mismo gobierno provincial difundió un comunicado explicando cuál era el procedimiento de las compensaciones: el artículo 75 del Código Fiscal dice que el proveedor del Estado debe acreditar la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, se aprobarán para su compensación por impuestos por medio de una resolución del Ministerio de Economía.

Otro caso

Una causa similar tiene la misma trama. Es el caso de las cosechadoras. Una empresa estafa al Estado, pero éste no controló un proceso de otorgamiento de fondos públicos para la fabricación de máquinas.

El gobierno, a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), otorgó créditos por 5,5 millones de pesos a la firma Grandes Máquinas Concepción del Uruguay, entre 2009 y 2012.

Esos fondos fueron proporcionados a través de varios decretos en los que se especificaba que “la Secretaría de la Producción y el Fondo de Inversiones de Entre Ríos –Finver– serán los organismos encargados de controlar la marcha de la gestión y utilización del crédito en concordancia con los objetivos establecidos al tiempo de su otorgamiento”.

A cargo de ese ministerio, el de controlar, está Roberto Schunk. A dos años de la denuncia realizada por un abogado del foro Guillermo Mulet, el expediente no tiene imputado a ningún funcionario.

Federivo Malvasio

Página Judicial

 

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