El Copnaf en conflicto y un Estado ausente

Brujula
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El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) se parece bastante a una bomba a punto de estallar: en el organismo que, en teoría, vela por la minoridad en la provincia, hay un permanente estado de asamblea de sus trabajadores y cuestionamientos severos a los funcionarios que lo conducen.

copnaf

En julio los empleados y profesionales del Copnaf pusieron en manos del ministro de Desarrollo Social, Carlos Ramos, un documento que, dijeron, es una radiografía que muestra el estado de situación del Copnaf. Ese mismo texto llegó a conocimiento del gobernador Sergio Urribarri en septiembre: le fue entregado durante un acto.

Ese documento es una ventana por donde asomarse a lo que pasa puertas adentro de esa añosa casona que se levanta en Corrientes y Andrés Pazos, sede central del Copnaf. Allí, tiene su poltrona la jefa del organismo, Mercedes Solanas, una funcionaria que llegó a ese puesto por una mera cuestión hereditaria, sin más antecedentes que ser la hija de.

El texto que, se supone, leyeron Urribarri y Ramos es complejo y alarmante, profuso y detallista: reprocha la política en materia de minoridad de la Provincia, y sostiene que se advierte “la consolidación de una profunda brecha existente” entre lo que se anuncia, el relato, y lo que sucede en la práctica.

O sea, se postulan objetivos, pero rara vez llegan a la práctica.

La situación ha ido de mal en peor desde que Mercedes Solanas, una estudiante de Ciencias Económicas, llegara a la presidencia del Copnaf, en diciembre de 2011, para suceder a su padre, Raúl Solanas, quien se había quitado la vida unos meses antes.

Solanas hija había llegado a ese lugar sin pedigrí ni aspiraciones: no tenía relación alguna con las políticas de minoridad. Entonces, cuando asumió, dijo que iba a seguir haciendo lo que había hecho su padre.

“Nos ponemos a disposición en esta tarea para profundizar los logros de mi padre que le cambió el sentido al Consejo, haciéndolo más abierto, y para seguir luchando para proteger los derechos de los niños, lo que se puede sintetizar en lograr que todos los chicos entrerrianos sean felices”, dijo Solanas, cuando asumió.

Bueno, nada de eso: la felicidad de los niños es un temita de difícil medición, las estadísticas rara vez abordan ese tema. No se sabe, pues, si con Solanas hija al mando del Copnaf los niños entrerrianos son más o menos felices. Esa es una duda al margen, sin embargo.

Mientras, hay alertas que se encienden.

Los trabajadores del Copnaf denunciaron al Gobierno una precaria asignación de los recursos en el organismo y un “desmantelamiento” de programas tendientes a evitar la internación en los hogares, como las cuidadoras en domicilio o la asignación de asistencias socioeconómicas a las familias, que, cuando se dan , llegan con un retraso de cuatro a seis meses.

“La modalidad de acogimiento familiar (familias que asumen de modo transitorio el cuidado de un niño o adolescente, cuando por razones extremas debe ser separado de su medio sociofamiliar de pertenencia) no se encuentra vigente a la actualidad, por lo cual en el caso extremo en el cual un niño/a deba ser incluido en un ámbito alterno al de su familia de origen (en resguardo de su integridad psicofísica) el único recurso restante es el institucional (residencia). Esto, contradice la legislación vigente”, señalan.

Las letras, con puntos y señales, dibujan un texto bravo, sin atenuantes: que no hay nada, que no se hace nada, que lo que se hace, es para peor, para empeorar.

En el caso de chicos alojados en los hogares que dependen del Estado, los profesionales también denuncian retraso en el giro de las partidas para su funcionamiento, situación que también alcanza al giro de partidas para viáticos de profesionales que deben trasladarse a distintos puntos de la provincia.

“De esta manera, por ausencia de recurso materiales asignados, los profesionales no logran garantizar el tratamiento –seguimiento de las situaciones de niños/as que han sido incluidos/as en las residencias socioeducativas del interior de Entre Ríos (muchas de las cuales no cuentan con equipos interdisciplinarios propios, particularmente aquellas entidades privadas que tienen convenio con el Copnaf para el alojamiento transitorio de los niños/as, quedando ellos/as en un gran letargo institucional que dejan profundas marcas en sus vidas. Lo cual representa, además, una situación de doble vulneración de derechos (en cuanto al abandono y omisión de cuidado que le cabe al Estado)”, dice el documento.

En ese marco, los trabajadores del Copnaf advierten con preocupación la existencia de “una práctica absolutamente clientelar impuesta desde directivas políticas, desde la cual se erogan y destinan subsidios y recursos materiales en determinados casos, decidiéndose este otorgamiento desde niveles superiores, con independencia (y en ocasiones en contradicción) de los criterios técnicos profesionales. Este escenario se dio de modo paradigmático, en tiempos de campaña electoral, durante el año 2013- en la distribución de elementos, como colchones y bolsones de alimentos, y subsidios desde criterios meramente políticos partidarios”.

En ese marco de escasa asignación de recursos, y a la vez, la distribución discrecional de fondos sin respetar criterios técnicos, se agrega una “sobrecarga de atención en los diferentes servicios y programas destinados a la niñez y la adolescencia”.

A ese respecto, destacan el “estado de emergencia en la que se encuentran los Servicios de Protección de Derechos (SPD), en los que se divide territorialmente el Copnaf para llevar adelante la protección de niños/ as y sus familias. En Paraná, existen cuatro de esos servicios descentralizados en distintos barrios, y cada uno se encuentra “desbordado de demanda de atención, con imposibilidad de efectuar los abordajes correspondientes en cada situación. En algunos casos, estos servicios son sostenidos actualmente sólo por tres o cuatro profesionales, quienes se notifican formalmente de oficios judiciales que no lograrán ser resueltos (ni respondidos en tiempo y forma), con las implicancias que ello adquiere en cuanto a las incumbencias profesionales”.

La situación, dicen, se agrava hacia el interior de la provincia.

En las presentaciones que los empleados del Copnaf pusieron en manos del gobernador Urribarri y de su ministro Ramos se recuerda que ese cuadro de situación no es nuevo, y que ha venido siendo advertido en sucesivas presentaciones.

Pero lo que ha venido ocurriendo como consecuencia de esos señalamientos ha sido algo muy parecido a la intimidación a los trabajadores.

Enteradas las autoridades del Copnaf de las críticas de los empleados, lo que siguió fue el “ordenamiento arbitrario de medidas, que consideramos de sesgo sancionatorio (pases compulsivos) dirigidos a profesionales involucrados en los planteos efectuados”.

En 2013 los reclamos continuaron, y las respuestas no llegaron, y en este 2014 la situación es más o menos parecida.

En medio, asumió Cristina Ponce como secretaria de la Niñez, una superestructura por encima del Copnaf.

Todo siguió más o menos igual.

Las asambleas de trabajadores han continuado, y los aprietes, también. Los empleados nombran a un par de “punteros”, de apellido Palacios, militantes de La Jauretche, encargados de fotografiar a cada uno de los asambleístas. No sólo eso: los han notificado que les descontarán las horas no trabajadas durante las asambleas y que podrían aplicarles sanciones. (Entre Ríos Ahora)

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