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 “Impulsar el traspaso de la fiscalización y control del transporte público, y la transferencia de los contratos de concesión de las empresas, como la operación de los subterráneos” (Plataf. PRO/2011)

Por Horacio Blanc

El PEN promulgó la ley sancionada por el Congreso Nacional, por la que se transfiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la prestación del servicio del transporte de pasajeros en el ámbito de su jurisdicción (6 líneas de Subte, PreMetro, Tranvía del Este y 33 líneas de Colectivos). El traspaso había sido convenido y resuelto, antes de que se diera a Bs. As. el status de territorio autónomo (símil al provincial, según cierta doctrina), en la reforma a la Constitución Nacional de 1994 (art. 129). Tanto fue así, que por Ley N° 20.070, la Nación transfirió el total del paquete accionario y la titularidad del servicio de transporte a la ex Municipalidad de Bs. As.; y por Decreto N° 2074/90, se adjudicó la concesión del Subte con activa participación del Municipio (punto 64.1 del contrato de adjudicación). En 1996 la CABA se dio su propia constitución como estado autónomo, y en 1997 renegoció conjuntamente con el PEN los contratos de concesión a empresas privadas, que fueran aprobados por Decreto Nacional N° 393/99 con transferencia de los servicios a la CABA. En el año 2000, la legislatura porteña sancionó la Ley N° 373, adhiriendo a tal transferencia. Pese a todos estos antecedentes, el servicio de transporte porteño siguió siendo subsidiado por el erario nacional, integrado con aportes de todas las provincias argentinas, distorsionando la asignación de recursos del presupuesto en un régimen federal de gobierno. En un Acta-Acuerdo del 3/1/2012, el Ministro de Planificación Nacional Julio De Vido y el Jefe de Gobierno de la CABA Mauricio Macri, convinieron no dilatar más la transferencia del Subte, reclamada desde todos los ámbitos políticos porteños. De tal forma: a) Macri ratificó la decisión de aceptar la transferencia de la red de subterráneos; b) asumió el control y fiscalización total del servicio, como el ejercicio del derecho a fijar unilateralmente sus tarifas; c) De Vido comprometió el pago de $360 millones de origen SIFEN (Sistema Ferroviario Integrado), por un año y en 12 cuotas mensuales consecutivas. En ninguna parte del convenio figura disposición relativa a la prestación de servicios de seguridad federal, como tampoco condiciones previas a su plena operatividad; solo un plazo de 90 días para implementar demás decisiones e instrumentos legales que el caso requiera. Ejecutando la cláusula segunda del acuerdo, Macri aumentó unilateralmente las tarifas del Subte en un 127% ($2,50), recibiendo críticas de la oposición por haberlo dispuesto sin previa auditoría contable ni audiencia pública, como lo requieren las normas de la ciudad autónoma. El trágico accidente en la Estación Once del Ferrocarril Sarmiento (22/2/2012), con su saldo de 51 personas muertas y más de 700 heridos, sirvió de excusa para que, en conferencia de prensa, Macri resolviera suspender por sí las negociaciones sobre el Subte, pese a que el acuerdo se encontraba en plena ejecución con el aumento tarifario. En conferencias sucesivas, iría adicionando reclamos a medida de su negativa: servicio de seguridad federal; mantenimiento de los subsidios del estado nacional por $700 millones; traspaso del Puerto y Casino, inversiones prometidas por el estado nacional en ocasión de la concesión del servicio durante el gobierno menemista (18/11/1993), etc. etc. Planteada la cuestión, el Jefe de la CABA interpuso acción de amparo, a fin de que la justicia prohibiese continuar con la transferencia del Subte. El PEN respondió ocurriendo ante el fuero contencioso administrativo, ejercitando la acción por cumplimiento contractual respecto al acta-acuerdo; planteando concomitantemente una medida cautelar de no innovar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Con posterioridad, la Presidenta Cristina Fernández optó por someter el referido acuerdo a la aprobación del Congreso Nacional, incluyendo en el proyecto de ley los demás servicios de transportes prestados exclusivamente en territorio porteño, en consonancia con la Ley N° 24.588 (Ley Cafiero), que solo admite la jurisdicción compartida en aquellos servicios que excedan el radio de la ciudad. Teniendo en cuenta sus términos y las partes involucradas, probablemente el conflicto termine dirimiéndose en la CSJN. Sin perjuicio de tal circunstancia y dejando de lado toda connotación de política partidaria, opino que subyacen interrogantes de lógica elemental: ¿por qué las provincias tienen que subsidiar los gastos de la CABA, que es y se reconoce autónoma?; ¿por qué, con muchos menos recursos ciudades del interior gestionan su propio transporte urbano, y no lo puede hacer la ciudad-estado más poblada, poderosa y rica del país?, ¿cuál es la razón por la que un contribuyente provinciano, que no vive ni trabaja en Bs. As., deba mantener sus colectivos y subtes?; ¿por qué el 50% de esos subsidios (que seguirá percibiendo la CABA pese al traspaso proyectado), no lo pagan los 2.900.000 habitantes porteños que disponen del servicio?; ¿cuál la razón, por ejemplo, para que una porción de esos $360 millones no se destine al asfaltado de la traza Cerrito-Puerto Curtiembre?; ¿qué dirían los contribuyentes porteños si se los obligara pagar servicios ajenos, por caso, de pueblos entrerrianos que carecen de veredas, cordón cuneta, asfalto, cloacas, internet, y tantas elementales cosas más. Preguntas tan lógicas y válidas, que de tanto repetirlas parecen redundantes…como las tautológicas verdades de don Pedro (Pero) Grullo.

 

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