Exigen la restitución del agua potable como derecho humano

Brujula
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La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) Litoral rechazaron, a través de un duro documento, la eliminación en el nuevo Código Civil y Comercial del “derecho al uso del agua potable”, y exigieron su restitución como “derecho humano”.

derecho al aguaAdemás, apoyaron la formación de un Banco de Datos referido a los casos de judicialización de luchadores sociales ambientales. El próximo encuentro será en Formosa, en marzo de 2015. El documento fue emitido tras el cónclave que se realizó el 4 de octubre en Gualeguaychú.
En el texto la UAC reiteró el compromiso de argentinos y uruguayos de luchar “sin fronteras en la defensa del derecho humano a una vida digna. Quienes vivimos en el Litoral Argentino y en la República Oriental del Uruguay, sufrimos el saqueo y la contaminación producidos por empresas que, con la complicidad de nuestros gobiernos, anteponen sus intereses económicos al cuidado y respeto de nuestros recursos naturales”, según señala Aim Digital.
Además, exigió a los gobernantes “que atiendan el clamor de los ciudadanos y arbitren los medios necesarios para frenar la creciente contaminación de nuestro hábitat”, y repudió enérgicamente “la violenta represión ejercida (en agosto) por Gendarmería Nacional en Concordia contra ciudadanos que pacíficamente se manifestaban ante maquinarias que tenían como objetivo la exploración de hidrocarburos mediante el método fracking en Salto ( ROU) , y la detención ilegal de los mismos con proceso de indagatoria por la justicia Federal”.
También rechazó la oficialización por ley del método fracking para extracción de hidrocarburos, norma que viola el acuerdo firmado en 2010 por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, en defensa del Acuífero Guaraní.
Fuertes críticas a las modificaciones en el Código Civil
Párrafo aparte dedicó la UAC a la eliminación en el nuevo Código Civil del “derecho al uso del agua potable”. Por eso, exigió su restitución como “derecho humano”.

Minería a cielo abierto
La Unión alertó sobre la exploración e instalación de un nuevo emprendimiento minero en la zona El Durazno, en cercanías de Andalgalá, y de la minera La Alumbrera, y rechazó la pretendida instalación de un complejo atómico en Formosa, y del emprendimiento Dioxitec que, además de los graves riesgos que entrañan, “violan abiertamente la Constitución de esa provincia, no respetan los acuerdos firmados con la República del Paraguay, no fueron informados verazmente a la ciudadanía y no gozan de licencia social”.

Contra Monsanto
También criticó a la multinacional Monsanto y “a sus cómplices, por su avance monopolizador en el manejo de las semillas y por impulsar un sistema productivo que produce efectos altamente contaminantes dado el uso indebido de agrotóxicos”.

La UAC también alertó sobre “la presencia de fuerzas armadas y de servicios de inteligencia de países ajenos a la región, cuya expresión más agresiva es la presencia de la Cuarta Flota de los EE.UU en Resistencia, Chaco”; cuestionó “la agresión al bosque nativo y a nuestras praderas mediante el desmonte indiscriminado y la intensificación de pinos y eucaliptos destinados a la producción de pasta de celulosa”, y recusó la persecución política que sufre el fiscal Letrado de Uruguay, Enrique Viana. “Nos solidarizamos con su causa y exigimos su inmediata restitución a fin de que pueda seguir llevando ante la justicia que actúa del lado oriental del Río Uruguay las causas ambientales que son preocupación común de los Pueblos de la región”.

El dato
Tras la reforma del Código Civil que en soledad y a libro cerrado aprobó el 1 de octubre pasado el oficialismo en el Congreso, “derogó de un plumazo los artículos 2639 y 2640 que reconocían al pueblo argentino el legítimo derecho al acceso y libre tránsito por los bordes costeros del mar, ríos y lagos navegables, bienes del dominio público”.
De este modo, “se dio el primer paso hacia la privatización de los ríos, de los lagos y del agua dulce, colocando en manos de un puñado de personas físicas y jurídicas la suerte de nuestros bienes comunes y el manejo de la seguridad de las costas”.
La Asamblea advierte además que “a partir de esta inconsulta y antidemocrática reforma (art. 1.974), quien quiera usar y gozar de un río o de un lago común tendrá que justificar en la navegación el pedido de autorización para el ingreso”.

Fuente: Anállisis Digital

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