¿Los policías pueden o no agremiarse?

Brujula
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Con lo que ya parece un ritual en cada preludio del estío, retornaron los saqueos a supermercados y comercios de todo el país, al conjuro de paros policiales cuyo origen (no exento de suspicacias) se centraría en el reclamo de mejoras salariales por tan azarosa profesión. Las protestas reavivan el irresuelto debate sobre si los policías pueden o no agremiarse en los términos del art.14 bis de la Constitución Nacional, como cualquier tipo de actividad laboral estatal (la justicia, entre tantos), con un sindicato que los represente en cada paritaria por reclamo de mejores sueldos y condiciones laborales. Lo prevén varios países (Inglaterra, España, Uruguay), sin la concesión de derecho a huelga y a la portación de armas reglamentarias en asambleas o reuniones colectivas. La CSJN tiene pendiente de resolución, el caso de la agente penitenciaria cordobesa Adriana Rearte, que fuera pasada a retiro en noviembre de 2006 por la promoción de actividades sindicales. En 2008 Rearte llevó su reclamo a la justicia ordinaria con el patrocinio de la Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba. El Juez de 1ª Instancia de la 31ª Nominación en lo Civil y Comercial Aldo Novak falló a favor, ameritando que el derecho a la sindicalización de los trabajadores de seguridad (penitenciarios y policiales) está amparado por el art. 14 bis la Constitución Nacional, declarando por ende la inconstitucionalidad del art. 19, inc. 10) de la Ley Provincial N° 8231 que limita tal derecho. Ante a apelación planteada por la Provincia de Córdoba, la Cámara de la Segunda Nominación en lo Civil y Comercial revocó el fallo de 1ª Instancia, considerando –entre otras cosas- que un sindicato policial representaría a un cuerpo formado por miles de hombres y mujeres armados legalmente, algo que lo diferencia al universo de representados de cualquier otro ámbito de la actividad pública o privada. La causa pasó al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que se declaró incompetente luego de reiterados pronto despacho y pedidos de juicios políticos por la demora en resolver la cuestión. En Diciembre de 2012 llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pese al tiempo transcurrido aún no se ha expedido sobre el tema, pero que seguramente acelerá su paso a los nuevos tiempos que se avecinan.

Dr. Horacio Blanc

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