No hubo acuerdo por UPM y hoy Mujica la autorizaría a producir más

Se definió autorizar el aumento de producción a 1.200.000 toneladas. Para aumentar la producción, la papelera debe incorporar mejoras ambientales. Argentina podría activar una nueva denuncia ante tribunales internacionales por incumplimiento del fallo de La Haya.

Argentina y Uruguay no lograron un acuerdo este martes, en torno de una autorización para que la pastera UPM (ex Botnia) aumente los niveles de producción anual de celulosa por sobre el millón de toneladas que estableció el fallo de La Haya. Anoche, tras conocerse el fracaso de la reunión, el presidente de Uruguay, José Mujica, habría dado la orden de autorizar el aumento de producción a 1.200.000 toneladas, con un margen del 5 por ciento de incremento adicional, siempre que la compañía finlandesa acepte incorporar mejoras en el cuidado de impacto ambiental, cuyas obras están valuadas en varios millones de dólares. Si efectivamente Uruguay cumple con su intención, la Argentina podría activar una nueva denuncia ante tribunales internacionales por incumplimiento del fallo de La Haya.

Los ejes de este nuevo enfrentamiento están centrados en dos puntos: los controles de impacto ambiental de la fábrica de papel que imponía la Argentina y la decisión de Uruguay de autorizar un aumento en la producción de celulosa.

Ninguno de los dos países cedió en sus rígidas posturas y luego de seis horas de una tensa reunión de los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro, Uruguay decidió avanzar con su plan para aprobar el incremento de la producción de la empresa finlandesa de un millón de toneladas anuales a 1,2 millones. La Argentina se opuso a esa postura, exigió mayores controles ambientales y amenazó con recurrir a la Corte Internacional de La Haya, publicó La Nación.

La decisión uruguaya podría derivar en nuevos cortes en el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Anoche, Jorge Fritzler, uno de los más radicalizados asambleístas entrerrianos, que rechazan la instalación de la pastera a la vera del río Uruguay, calificó como “una nueva farsa” la pelea entre Mujica y Cristina, y no descartó la posibilidad de que vuelvan las protestas sobre la ruta.

En el piso 13° de la Cancillería, ayer todo fueron reproches y quejas. Timerman y Almagro debatieron largamente y no lograron llegar a un acuerdo con los equipos técnicos de ambos países. Uruguay planteó que la decisión de ampliar la producción de la pastera de Fray Bentos era conveniente para su economía y que la Argentina conocía ese tema desde marzo de 2012.

También el canciller Almagro advirtió que los informes de impacto ambiental a la planta están frenados por decisión de los representantes argentinos que integran la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU).

Como contraposición, Timerman destacó que en 2005 Uruguay aprobó la instalación de la planta de celulosa y fijó la capacidad de su producción en 1 millón de toneladas anuales y no en 1,1 millones. A su vez, remarcó que el límite de un millón de toneladas anuales fue el que utilizó la Corte Internacional de Justicia para analizar la controversia y sobre esa cifra emitió su dictamen.

“Todo cambio que se realice en Botnia-UPM altera la sentencia de ese tribunal”, instó Timerman ante Almagro. Su par de Uruguay aceptó reducir el pedido de aumento de producción de 1,3 millones de toneladas al año que pidió UPM a 1,2 millones. Pero no hubo caso: la Argentina exigió frenar esa postura y a la vez planteó un largo listado de requisitos de control impacto ambiental en la planta.

Según confiaron fuentes calificadas de la Cancillería que formaron parte de las negociaciones, la Argentina pidió aumentar los controles ambientales en la planta de Fray Bentos. En este sentido, se mencionó la posibilidad de avanzar en obras para establecer un tratamiento del fósforo, de la temperatura de los fluidos que emite la planta al río Uruguay y un control toxicológico de la zona.

“Para nosotros primero está el debate del control del medio ambiente antes que el de la ampliación de producción de planta”, explicó la fuente del palacio San Martín consultada.

En este sentido, Timerman planteó a la vez que para aprobar una ampliación de la producción de UMP se requería el aval de la Argentina. Pero Uruguay no acepta este planteo.

Nueva planta

Para los enviados de Mujica quedó en claro que la Argentina no admitirá la ampliación de la producción de UPM y mucho menos de la instalación de otra planta de celulosa en las costas del río Uruguay, como se deslizó en la reunión.

Fuentes de la diplomacia uruguaya sostuvieron a que en Montevideo quieren impulsar cuanto antes la instalación de una nueva planta de celulosa, pero saben que ello requerirá de un aval de la Argentina, según lo establece el tratado del Río Uruguay.

“A los uruguayos lo único que les interesa es lo que digan los empresarios y su economía, no lo que se desprenda de la contaminación del río”, expresó con cierto enojo una fuente diplomática argentina. La Cancillería creen que el nivel de contaminación del río Uruguay “está al máximo”, y temen que esto genere un fuerte malestar en los asambleístas de Gualeguaychú.

Sin embargo, en Montevideo anoche hubo duros reproches hacia la Argentina por retacear los informes de impacto ambiental de la CARU. Todos los referentes de Mujica en la reunión que acompañaron a Almagro apuntaban a Hernán Orduna, el representante argentino en la comisión administrativa del río Uruguay que, según las fuentes uruguayas consultadas, nunca quiso habilitar los exámenes de los laboratorios de Canadá que emitieron informes sobre el nivel de contaminación del río.

A diferencia de lo que plantea la Argentina, en Montevideo están convencidos de que la Argentina no quiere mostrar los informes medioambientales porque sabe que no dan resultados alarmantes y con ello se les caería la postura beligerante de los asambleístas

A estas alturas, no existe posibilidad alguna de un acuerdo entre ambos países, y hasta anoche todo parecía indicar que se estaba frente a un nuevo conflicto diplomático como el que estalló en 2005.

“Toda decisión que se tome sin cumplir con dichos pasos procesales es violatoria del Estatuto del Río Uruguay y de los posteriores acuerdos firmados por las autoridades de ambas naciones”, había advertido la Argentina.

Como paso inmediato a ello se amenazó con recurrir a la Corte de La Haya. La respuesta de Uruguay fue tajante ante esto: “Si quieren ir a La Haya, van a perder”, habrían dicho los enviados de Mujica.

En tanto, en Gualeguaychú desconfían de los planteos del Gobierno y creen que lo único que se está buscando es ganar tiempo para evitar un impacto electoral en Entre Ríos.Fuente: La Nación

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