Piden a la Defensoría que accione por los terraplenes en las islas

Brujula

La agrupación rosarina El Paraná no se Toca, conformada por un grupo de amantes del río y del humedal comprometidos con la defensa de la ecología, presentaron a la Defensoría del Pueblo de la Nación un petitorio para que intervenga en una serie de situaciones ilegales que acontecen en el humedal de jurisdicción de Victoria, algunas incluso con dictámenes legales, pero que continúan su marcha con total impunidad.

Lo más grave, alarmante y dañino es el terraplenado, modificación y corte de cursos de agua y la siembra intensiva de oleaginosas en áreas vírgenes, protegidas por normas específicas.

Los ambientalistas nucleados en este grupo abierto que surgió en enero del año pasado a partir de una protesta en el Monumento a la Bandera contra el fallido proyecto entrerriano de sembrar arroz en las islas, se encuentra abocado a la recolección de cientos de firmas que adjuntaron al petitorio y que continúan recolectando en planillas que se pueden bajar desde su página de Facebook y entregar en la delegación de Pasaje Alvarez 1516, frente a la plaza Pringles de Rosario.

“Inmediata intervención”
En el texto elevado al defensor del Pueblo de la Nación, Alberto Agustín Sella, El Paraná no se Toca solicitó una “inmediata intervención con respecto a la situación en que se encuentra el valle aluvional del delta del Paraná, en jurisdicción del Departamento Victoria, provincia de Entre Ríos, el cual está siendo avasallado por personas que, respondiendo a intereses privados, cortan cursos de agua, arroyos y riachos, además de secar lagunas mediante prácticas de endicamiento y terraplenamiento, afectando el funcionamiento de todo el ecosistema con la única intención de obtener terrenos de pastoreo destinados al desarrollo de la industria ganadera y la siembra intensiva.

En el mismo escrito, los ecologistas citan como ejemplo “las tierras de la isla Irupé, a la altura de Villa Constitución, en la cual la empresa Bema Agri BV realiza cultivos intensivos de soja y colza, y varios terraplenamientos a la altura de la ciudad de Rosario y San Lorenzo con fines ganaderos”. Esta firma holandesa se estableció en 2008 en ese lugar y arrancó con su actividad ignorando las advertencias desde el municipio de Victoria y violando las normas de esta ciudad y de la provincia de Entre Ríos.

Acciones prohibidas
En las islas están prohibidos esos movimientos de tierra, el bloqueo o modificación de los cursos naturales de agua, la siembra intensiva y lógicamente la fumigación. Esta última no sólo afecta la flora y fauna de la zona, sino a los propios isleños, que padecen afecciones respiratorias y cutáneas a raíz de la aspersión con plaguicidas. Sin embargo, ni los fallos e intimaciones del municipio y del Concejo de Victoria ni la furiosa inundación de 2010 que arrasó con su maquinaria y sembrados, parecen disuadir a “los holandeses” —como identifican en la zona a los responsables del emprendimiento— de renunciar al emprendimiento.

De todas maneras, para El Paraná no se Toca hay una “falta de presencia de los estados provinciales ante esta problemática”. “Hemos peticionado al gobierno de Entre Ríos, ya que posee plena jurisdicción administrativa y judicial y no hemos obtenido ninguna respuesta efectiva hasta el momento”, denuncian y destacan que la provincia junto con las de Santa Fe y Buenos Aires, así como con el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la jefatura de Gabinete de Ministros, “contrajeron un compromiso mediante la firma del convenio que dio origen al Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas-DP)”.

Y precisamente, una evaluación realizada por especialistas de ese programa revela que los endicamientos “afectan el normal escurrimiento de las aguas y por lo tanto la funcionalidad de todo el sistema de humedales y desaconsejan el uso de estas modalidades en la región.

Basándose en estos argumentos, El Paraná no se Toca pidió a la Defensoría que interceda ante el gobierno entrerriano para que informe sobre el estado de situación de un expediente generado a partir de una presentación que la agrupación ambientalista realizó ante la secretaría de Ambiente de Entre Ríos. También solicita que se respete el acuerdo del Piecas-DP y que “se arbitren los medios necesarios para la inmediata destrucción de todos los terraplenes ilegales existentes en esta zona, y la prohibición del cultivo agroindustrial en el delta del río Paraná”.
Fuente:La Capital, Rosario

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