Policías de Concordia debatieron en asamblea

Policías que gozaban de franco de servicio debatieron en asamblea anoche, en la plaza “25 de Mayo”, de Concordia,  confirmó a AIM el vocero del grupo,  Leandro Coutinho. “Decidimos aguardar hasta el viernes o sábado de la semana que viene, a la espera de una instancia de diálogo con el gobierno”, adelantó. El 6 de enero, a las 21, se concentrarán en el mismo lugar.

En diálogo con esta Agencia, Coutinho explicó que a los policías “se fueron sumando trabajadores de la salud, docentes y comerciantes, que se acercaron para acompañarnos en el reclamo pacífico que efectuamos. Estamos analizando  qué medidas tomar si el silencio del gobierno continúa, luego de haber incumplido el acta firmada”.

El vocero de los uniformados detalló que la instalación de una carpa frente a la Departamental de Policía de Concordia es, más que nada, “un acto simbólico. Lo que queremos demostrar es que la lucha es permanente. Por el momento, no habrá personas físicas todo el tiempo, sino que esperaremos hasta el viernes o sábado de la semana que viene, para ver si se abre el diálogo con el gobierno, ya que hasta el momento no hubo  ningún contacto formal”.

Coutinho manifestó que “el único diálogo que existió fue con los jefes de la Departamental, que nos informaron que se había roto el pacto que se firmó el 9 de diciembre entre el gobierno y los policías que reclamábamos un salario digno. Por eso, daremos un tiempo prudencial a la espera de noticias, y si esto no ocurre, analizaremos qué medidas adoptaremos”.

Bahl cuestionó al Obispado y al Centro Comercial de Concordia
En tanto, el ministro de Gobierno, Adán Bahl, encontró contradicciones en el comunicado que emitieron el Obispado y el Centro de Comercio de Concordia.  Para el funcionario “hay una contradicción en pleno comunicado”, ya que se afirma que nadie firmó bajo presión, pero se reconoce que fue “toda la sociedad estaba en una situación de caos y violencia imperante”.

Según el contador, el propio capellán de la policía le dijo que si el gobierno no aceptaba el pedido policial “iba a haber una matanza”.

Además, afirmó que la presión no se dio “en un momento determinado, sino en un contexto”, y por eso, “el jefe de Fiscales (Jorge García) dice que el acta es una prueba de delito, porque se extorsionó y se forzó a un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles, no por lo que pasaba en un cuarto o un edificio”, dijo el ministro al referirse a la reunión que se llevó a cabo en la sede de la Comisión Administradora de Fondos Especiales de Salto Grande (Cafesg). “Si alguien tiene alguna duda sobre la presión habría que preguntarle a los comercios saqueados o que tuvieron que poner barricadas para defender su negocio”.

Sobre el comunicado, Bahl destacó que “hace referencia a la situación de coas y violencia imperante en Concordia” y admitió que le resultó “un tanto llamativo” que se apuntara exclusivamente a las responsabilidades que le cabían al Estado. “Redactar un comunicado expresando que al momento de firmar nadie manifestó que lo hacía bajo presión, es tener una visión subjetiva de lo que sucedió en Concordia”.

En cuanto al pedido de que el Poder Judicial establezca la legitimidad de lo firmado, el titular de la cartera de Gobierno dijo que “cualquier abogado o persona que conozca de administración pública sabe que el acuerdo carece de los elementos fundamentales y esenciales para que sea válido”. “Al que le parezca que esto no es así, que haga la acción administrativa o judicial conveniente para lo que está planteando”.

La advertencia del capellán
El ministro de Gobierno y Justicia  narró que en un momento tenso de las negociaciones “el Capellán de la policía me manifestó que si no se llegaba a ofrecer una cifra determinada, que en ese momento eran 10.000 pesos al básico, iba a haber una matanza”.

Bahl recordó: “cuando escucho eso de inmediato se lo transmito al gobernador (Sergio Urribarri) y eso generó un momento de mucha zozobra”, porque “ese tipo de visión delicada llegaba justo cuando estaba trabajando contra reloj, para buscar puntos de convergencia para poder solucionar la situación”. “¿Eso no es considerado como una situación que genera presión?”, se preguntó.

Bahl apuntó que ese hecho “va en contrapunto de lo que dice este comunicado”. Aclaró no obstante que no hacía “una valoración subjetiva de esas expresiones, sino que lo tomo de manera objetiva, concreta, y en ese contexto”.

El Estado enjuiciará a los amotinados
El acuerdo firmado entre el gobernador Sergio Urribarri y los representantes de los amotinados en Concordia encabezará la denuncia penal que será presentada en febrero, apenas termine la feria. En primera instancia, la presentación involucra a unos 70 policías, aunque la máxima responsabilidad recaerá en una docena de uniformados, confirmó el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García. “Algunos procederes se llevan puesto medio código”, afirmó.

Para el funcionario judicial, el acta que fue firmada el 9 de diciembre es nula, ilegítima y por lo tanto carece de entidad jurídica. El acta y la foto posterior de los negociadores junto al gobernador, que circuló por los medios y las redes sociales, son la prueba de que “se trató de un acuerdo arrancado a la fuerza, extorsivo, producto de la sedición”, afirmó García.

Sobre el anuncio de García, el periodista Osvaldo Bodean opinó que “no hay hasta el momento dictamen judicial alguno que haya declarado ‘nulo’ el acuerdo firmado por el gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri y los policías el pasado 9 de diciembre de 2013″.

Y señaló: “si Urribarri ha resuelto no cumplir con el acta firmada, deberá hacerse cargo de una decisión que es absoluta y exclusivamente suya, pero de ningún modo puede escudarse en fallos que la justicia aún no ha emitido”.

Para Bodean, “es inexacto decir que ‘la Justicia volteó el acuerdo’. Para que un poder del Estado, como lo es el Judicial, llegue al extremo de anular lo resuelto por otro poder, como lo es el Ejecutivo, hace falta muchísimo más que la opinión, expresada en los medios, del Procurador, que, en tanto que es fiscal, ni siquiera está obligado a ser imparcial”.

El periodista destacó que “el propio Jorge Amílcar García, en sus declaraciones periodísticas, reconoce que recién después de la feria judicial presentará la denuncia penal contra los amotinados. Habrá que esperar la sustanciación del juicio y la sentencia que de él surja, y que ésta quede firme, para que recién entonces pueda afirmarse que la Justicia dictaminó”.
Fuentes: AIM, Diario Río Uruguay, El Entre Ríos, El Diario.