Se privatiza la costa del río

Brujula
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A contrapelo de las tendencias en el mundo el Nuevo Código Civil bajó de 35 a 15 mts el acceso público a la ribera. Miles de metros cuadrados pasarán de ser públicos, a propietarios que comenzarán a correr sus alambrados hacia los cursos de agua. «Es una falta de sentido común y responsabilidad».

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A contrapelo de las tendencias en el mundo, que promueven el uso y disfrute de las costas de los cursos de agua, el nuevo Código Civil y Comercial recientemente sancionado fijó una drástica medida de reducción de su franja de uso público, favoreciendo a los propietarios de terrenos linderos a la ribera con una ampliación de sus derechos. Para un especialista en la materia, el abogado, doctor en Ciencias Sociales y Derecho Urbano y profesor de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) Homero Rondina, este cambio «es una falta de sentido común y responsabilidad» de los legisladores nacionales, para abordar un tema que implica «la segregación de los pobres». Y, aunque consideró que «hay un abandono del interés público y de la gente, para transferir a los privados», se mostró esperanzado por una salida frente a esta situación: la posibilidad que cada ciudad y cada provincia legisle el uso de la costa. A través del artículo 1.974 se dispuso que los «propietarios colindantes con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas deberán dejar libre un terreno de 15 metros�». Atrás quedará el Código de Vélez Sársfield (de 1871), vigente hasta el 1º de enero de 2016, que en su artículo 2.639 establece un margen de «calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río, o del canal», en que «los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna».

La restricción tendrá un alto y singular impacto en la geografía insular entrerriana, más allá que la realidad lejos está de ofrecer el acceso público a lo largo de todos los cursos de agua: privados se apropiaron de las costas y hasta municipios cobran entradas para su acceso, en una especie de peaje indebido. Miles de kilómetros cuadrados hoy vedados ilegalmente quedarán convalidados para la explotación privada, en todos los cursos de agua de la provincia.

A simple vista, tamaña y polémica decisión implica un grave retroceso �que para especialistas del Derecho Urbano constituye una violación al principio ambiental de progresividad y de no regresividad�, un enriquecimiento a todos los propietarios de terrenos lindantes a cursos de agua, y un perjuicio al libre uso de la costa, para la recreación.

Impone una nueva jurisprudencia, cuya decisión encubre �como mínimo� una enorme falta de sentido común por parte de los legisladores que aprobaron el nuevo corpus legal.

Así, la naturaleza, tan pródiga para la bendita provincia de Entre Ríos, solo beneficiará a los propietarios, poniendo coto a un proceso de políticas de recuperación de las costas, lento, mínimo pero concreto al fin, que se da en distintas partes del país. Miles de metros cuadrados pasarán de ser públicos, a propietarios que comenzarán a correr sus alambrados hacia los cursos de agua.

En una entrevista con Uno, Rondina consideró que «hay un abandono del interés público y de la gente, para transferir a los privados», opinó, aunque rápidamente, se mostró esperanzado por una salida frente a esta situación: la posibilidad que cada ciudad y cada provincia legisle el uso de la costa.

«No sé si porque no se dieron cuenta o porque vieron a mitad de camino la maldad que iban a cometer, mantuvieron un advertencia de Vélez Sársfield acerca de que las cuestiones del Derecho Administrativo o de interés público, de la ciudadanía, de interés social, de las ciudades y de las poblaciones, es materia de Derecho Administrativo. Las ciudades y las provincias pueden y deben dictar sus propias normas», explicó. «Apurémonos, hagamos que nuestras ciudades, como Santa Fe y Paraná, y en todas las ciudades costeras, que tienen esa riqueza y fortuna natural, se regule este tema», aportó.

�¿Qué opinión le merece la disminución de 35 a 15 metros que impuso el Nuevo Código Civil, de franja libre para el uso público a la vera de los cursos de agua?

�Es malo porque justamente a Vélez Sarsfield ya le parecía importante dejar un lindo espacio de 35 metros, más allá que en aquel tiempo la gente no iba a la playa. Ahora los ríos, el borde, la ribera, las playas, son un territorio privilegiado para la gente. Estamos todos acostumbrados en verano para disfrutar del baño de agua, de sol, de la arena; los pescadores que se quieren arrimar a las costas para probar su deporte, la gente de pesca que lo hace por trabajo. Esta determinación va a contramano de todo criterio y de todo sentimiento de la relación de la gente con el río. Nosotros en Santa Fe y ustedes en Entre Ríos y en Paraná en particular, somos gente muy volcada al río. Incluso se mantiene la denominación del Camino de la Sirga, que era cuando se remontaban embarcaciones para llevar por la costa. No es manera de tratar un tema tan importante. ¡Qué lástima que se perdió! Yo soy partidario y estoy entusiasmado por el Nuevo Código, algunas cosas que se incorporaron son buenas, pero claro, Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia y uno de los factores de esta reforma, no sabe de derechos reales, de esta parte del derecho civil, sino más bien de contratos y derechos personales.

�Cuesta pensar que haya sido inocente la medida. ¿Se conocieron o mencionaron cuáles son fueron los fundamentos para disponer tal cambio?

�No hubo discusión del tema, ni consultas con organismos interesados en esta problemática, no se los consultó a autores de estos temas. Yo desde el Derecho Urbano vengo predicando que es tan importante que las playas, los bordes, las riberas, los ríos, los cursos de agua, todo se abran al público, para terminar con esa idea que el propietario del terreno costero puede cerrarlo y cobrar entrada para disfrutar de la playa o tomar sol.

Eso está mal, luchamos contra esa segregación de los pobres. Porque los ricos no tienen problemas en el mar, en las costas marinas, ni en las playas de los ríos. El tema es que a la gente pobre se les permita y admita, induzca y ayude a disfrutar de un recurso natural que es de todos. El río no tiene dueño, Dios se lo dio al mundo y a la humanidad para que lo usemos y lo disfrutemos. Es feo lo que hicieron, una enorme falta de sentido común, de responsabilidad cómo se tomó un tema que es muy querido e importante para nosotros.

Este Código salió pelado, no es como el Viejo Código de Vélez Sarsfield que estaban los comentarios, las notas, antecedentes, fundamentos. Acá ni siquiera se discutió.

�¿Qué escenarios o panorama pueden asomar ante este cambio legal?

�Hay una salida, y se la doy para que la difundan: el mismo texto del Código de Vélez como el de ahora, contiene un capítulo que se llama Restricciones y Límites al Dominio. Ahí está el dichoso artículo sobre el tema de las costas o riberas o Camino de la Sirga. Se mantuvo por suerte, no sé si porque no se dieron cuenta o porque vieron a mitad de camino la maldad que iban a cometer, mantuvieron esa advertencia de Vélez Sarsfield en relación a que las cuestiones del Derecho Administrativo o de interés público, de la ciudadanía, de interés social, de las ciudades y de las poblaciones, es materia de derecho administrativo. Entonces el Código Civil legisla, mal desarrolla este principio del Camino de la Sirga, pero deja abierto el tema que las ciudades y las provincias puedan, con normas propias, que son las del derecho administrativo �que es lo que legisla el Estado aplicado en su relación con la gente�, puede y debe legislar sobre esto. Y yo digo apurémonos: hagamos que nuestras ciudades, como Santa Fe y Paraná, y en todas las ciudades costeras, que tienen esa riqueza y fortuna de tener ríos, costas y playas, se regule este tema. Ahí sí que se tenga en cuenta el derecho de la gente a acceder a costas, playas y riberas.

�En otras jurisdicciones del país se habla de la posibilidad de planteos de inconstitucionalidad porque se vulnera el principio ambiental de progresividad y no regresividad.

�Pero vamos a hacerla más fácil. Vamos por una propuesta, más que iniciar un conflicto judicial. Hagamos lo que el Código Civil mismo, el sentido común y la Constitución Nacional autorizan a hacer: legislemos nosotros, las ciudades y las provincias, legislemos sobre un tema que es de interés público, no necesita de ninguna explicación para que lo declaremos de interés público. El derecho administrativo es facultad de los gobiernos locales.

�¿No se pueden avecinar problemas por incongruencias entre legislaciones nacional y provincial o local?

�No, porque a nivel nacional, este Código y cualquier otro, hacen referencia al derecho a la propiedad que es liberal, mezquino, que es privatísimo porque defiende el derecho a la propiedad privada. Esto no es propiedad privada, los ríos no son propiedad privada. Apurémonos a dictar las leyes, las normas administrativas, las resoluciones, los Códigos Urbanos, tanto que hablamos de derecho urbano: las ciudades deben tener su propia legislación. Hay que decirle a la Blanca (Osuna) en Paraná y al intendente de Santa Fe (José Manuel Corral) que pongan gente conocedora del tema, que le den las herramientas y los instrumentos tan necesarios que tenemos para hacer conciencia también en el gobierno, sino en la gente común que el río es patrimonio de todos.

�Porque el Nuevo Código, transformó algo público en privado, y amplió los derechos de los propietarios.

�En vez de mejorar el viejo Código, lo acortaron. Es una barbaridad. Fue a contramano de la historia y del interés público, y de la cultura de la gente. Porque el pobre Vélez Sarsfield no podía apreciarlo en el siglo XIX, porque la gente no iba a la playa, muy pocos se dedicaban a disfrutar de la pesca y del río. Hoy somos multitudes los que queremos aprovechar el río y la pobre gente del verano se vuelca a las playas para pasar un momento de recreación. Es una barbaridad, pero tenemos la herramienta en la mano. Dictemos normas del derecho administrativo porque son las que regulan el interés público, que protegen y tutelan el interés de la gente. Que se apuren, que los funcionarios y abogados de los tres niveles del Estado, se pongan a estudiar de una buena vez, ya que no supieron tener presencia en la comisión redactora del Código. Acá tenemos el remedio al alcance de la mano.

Como en el Código de Vélez Sarsfield, el nuevo, en su artículo 1.970 �que inicia el capítulo de los Límites al dominio� dice que los límites impuestos al dominio en materia de cuestiones de vecindad rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Nos pone la herramienta en la mano. Hay que ponernos a trabajar y ganarles a los privatistas que quieren apropiarse de las playas y de las costas, ganarles de mano y sacar las normas de interés público, supremo y superior. Es un derecho no solo humano, ambiental, de salud, que la gente uso y disfrute de las costas y de las playas.

Los santafesinos y los entrerrianos amamos las playas, debemos defenderlas. No hay que dejar que avance esta locura de desconocer el derecho de la gente a utilizar el espacio público.

«Hay que hacer respetar las leyes»

Para el defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, haber establecido en la normativa el camino de la Sirga, da margen a los propietarios para fijar que solo es para el caso de la navegación, como establece históricamente el concepto.

«Es algo que hace ruido, porque debería decirse camino público. En realidad, la voluntad que debió primar es que sea un espacio público para que vecinos puedan transitar libremente, tengan o no embarcación. Porque si no, se puede interpretar que tiene paso solo aquel con una embarcación», planteó.

De todos modos, el titular del organismo que tiene una política de trabajo concreta y coherente en el tiempo �con pronunciaciones desde 2005 para que se libere la costa, incluso con aporte de la Facultad de Derecho de la UCA y del Colegio de Abogados�, planteó que «el Estado tiene que empezar a ver cómo regulariza esta situación, que se respete; hoy, sean 35 o 15 metros, no se respetan. En Paraná hay una política de liberar la costa, pero hay que acelerar los tiempos porque está vigente el viejo Código; además, de acá al 2016 pueden reverse un montón de cosas».

En cuanto a la nueva norma y la reducción del uso público, reconoció sus dudas al desconocer qué fundamentos tuvo el cambio. (UNO)

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