Una paciente tuvo que demandar al Estado para lograr una operación de cadera

Brujula
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El absurdo más absoluto: una paciente del Hospital San Martín tuvo que acudir a la presentación de una acción de amparo en la Justicia para conseguir que el Estado diera cabida a una petición para someterse a una cirugía de cadera.

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De igual modo, la intervención quirúrgica no será inmediata: el 27 de septiembre último, el titular del Juzgado Correccional N° 2, Daniel Malatesta, homologó un acuerdo de conciliación al que se sometieron ambas partes, y que obliga al Hospital San Martín a permitir que RSR –en la causa se utilizan las iniciales de la persona, para preservar su identidad—se pueda someter a la operación, aunque en un plazo de 50 días hábiles a partir de la fecha en la que se presente al Servicio de Traumatología y pida el turno respectivo.
RSR se presentó en la Justicia con el patrocinio del abogado Alejandro David Luna, y accionó tanto contra el Hospital San Martín como también contra el Gobierno de la provincia, y pidió que se les ordene que “abitren los medios económicos y los recursos humanos necesarios a fin de que se brinde con carácter urgente cirugía de cadera”.
El caso llegó a la Justicia después de haber reclamado la mujer de forma insistente, y sin éxito, desde 2013 que se le permitiera acceder a la cirugía en el Hospital San Martín.
Y muestra de qué modo está roto el tejido de atención sanitaria en el Estado provincial: no hay modo de conseguir que un hospital público brinde un servicio esencial si no es mediante un oficio judicial.
El modo cómo se alcanzó esa conciliación pone de manifiesto aquel absurdo.
Fue el propio Estado, a través del asesor legal del Ministerio de Salud, Santiago Farías, el que propuso celebrar una audiencia de conciliación “a fin de hacer saber las dificultades por las que no se ha otorgado aún el subsidio interesado a fin de brindar la cobertura médica requerida”.
Aunque el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, pidió desde el vamos que se rechace la acción de amparo, y se le impongan al paciente el pago de las costas del juicio, al sostener que “la premura invocada por RSR no se condice con sus propios actos anteriores, ya que no se ha instado el expediente administrativo y no ha habido omisión del Estado”.
Pero el juez Malatesta se volcó a favor de la paciente, y consideró que “un sistema judicial a la altura de los tiempos que corren, tiene que tener en cuenta la mejor solución, y en casos como el presente, la más urgente en términos de respuesta”.
De modo que la Justicia falló dando un plazo extensísimo al Hospital San Martín para que proceda a practicar la operación reclamada.
Así, el Estado provincial se comprometió, en una audiencia de conciliación en un tribunal de la provincia –un hecho inaudito—a practicar una cirugía reclamada por un paciente y que se venía demorando de modo inentendible.
El compromiso es que el Hospital San Martín hará la intervención quirúrgica a RSR “en el plazo de 50 días hábiles, a contar a partir de que la misma se haga presente en el Servicio de Traumatología del Hospital San Martín el día viernes 26 de septiembre, a fin de iniciar los pedidos de prótesis, hueso y quirófano, y que una vez presentada RSR en el Servicio de Traumatología, comenzará a correr el plazo fijado de 50 días hábiles –dice el texto del acuerdo–, distinguidos en: 20 días hábiles para el trámite a realizarse en el Hospital San Martín, y 30 días hábiles para el Ministerio de Salud”.
Un trámite que debió ser sumarísimo, una respuesta que debió darla el sistema de salud entrerriano a tiempo, y no tardar un año, sólo fue posible con la intervención de la Justicia.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

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