«Fondos Buitres» (Holdouts)

Brujula
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“Por nuestra codicia, lo mucho es poco; por nuestra necesidad, lo poco es mucho” (Quevedo).
Entre los años 1945-1975, la economía argentina fluctuó en los parámetros del Modelo Keynesiano, con sus premisas básicas de que una mayor productividad traía como consecuencia aumento de salarios, de consumo y oferta de empleo, a lo que sucedía mayor inversión en bienes y servicios como reanudación del círculo virtuoso. El cambio de paradigma se produce a partir de 1976, cuando el modelo keynesiano es reemplazado por otro neoliberal, que desecha toda relación entre productividad y salario, rompiendo brutalmente el compromiso social con el pleno empleo. En este contexto irrumpe la “globalización” de la economía, cuando el capital internacional busca localizar la producción en lugares donde los costos resulten los más bajos del mercado, con reglas mucho más flexibles que en sus países de origen. La presión del capital global para invertir sin mayores costos en países que asegurasen una rápida ganancia, llevaría a profundos cambios políticos en países como Argentina, que para cumplir los requerimientos profundizarían el proceso recesivo de su economía. Así las multinacionales tendrían así campo libre para imponer sus reglas contractuales, de interpretación obligatoria en tribunales o árbitros adictos como Nueva York o el CIADI. Al deterioro salarial, el aumento de la desocupación y la disminución de la demanda, acompañaría la sobre expansión del crédito y el crecimiento de los activos financieros, que vinieron a cubrir la enorme brecha dejada por el menor consumo con los efectos negativos que todos conocemos. En este esquema neoliberal globalizado, es donde la especulación financiera arrasará con la economía de países en desarrollo, abortando el paradigma estructural keynesiano del círculo virtuoso. Privatizaciones de bienes y servicios públicos, menor producción nacional, apertura indiscriminada de la importación y liberalización de la cuenta de capital, fueron requisitos exigidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para forzar a nuestro país a aceptar créditos sin ningún tipo de condicionamientos ni trabas legales. De tal modo fue preparándose el terreno para que los Holdoluts o Fondos de Inversión (MNL Elliott, Pravin Banker, Aurelius, etc.), llamados “Fondos Buitres” como rémora a estas aves rapaces por su sobrevuelo sobre países en problemas, acechando el momento de lanzarse sobre los restos de una economía que se debilita, para comprar bonos de la deuda a precio de remate e imponer el lugar de pago y arbitraje más favorable a sus pretensiones. En nuestro país, estos Fondos Buitres adquirieron en pesos y a un 20% de su valor real una porción importante de bonos de la deuda externa. Desde que se desató la crisis económica (2001) pretenden cobrarlo al 100% de su valor nominal en dólares, con más los intereses devengados en la misma moneda. Tanto ante el CIADI como los tribunales neoyorquinos, han logrado el reconocimiento de su codicia, ya que en estos foros es lícito comprar deuda con la intención y propósito de litigar contra ella. Para cobrar no se detienen ante nada, presionando a terceros países (también deudores) a embargar bienes de otros estados aun cuando se encuentren de paso por su territorio (Caso Fragata Libertad en 2012). Los títulos de deuda argentinos emitidos en 1994, prohibían otorgar a futuros acreedores garantías o condiciones más favorables que al resto de los adquirentes de dicho empréstito (cláusula pari passu). Caídos en default en 2001 durante el gobierno de De la Rúa, Néstor Kirchner ofreció en 2005 un canje de deuda (reestructuración) a los tenedores de esos títulos; ofrecimiento que volvió a realizar en 2010. En ambos canjes se reducían los montos y se diferían los pagos, siendo aceptados por el 93% de los tenedores de bonos. Quienes no aceptaron los canjes (mayoría Fondos Buitre) demandaron en los tribunales de Nueva York el pago total de la deuda. En diciembre de 2011 el Juez Thomas Griesa falló a favor, considerando que Argentina había violado la cláusula pari passu, ordenando abonarles junto al pago de los intereses de la deuda emitida como parte de los canjes 2005/2010. Argentina recurrió el fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que se expidió el 26/10/12 confirmando el fallo de Griesa, lo que motivó un nuevo recurso, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia de EEUU. Mientras ello ocurría, el Congreso Nacional convertía en ley un nuevo proyecto de reapertura de canje remitido por Cristina Fernández, con los mismos beneficios de la reestructuración acordada en 2010 y el fin de seducir a quienes no habían entrado en las convocatorias anteriores, en un intento de variar la drástica postura de la justicia neoyorkina. El gobierno de EEUU, preocupado por su situación económica y la crisis que afrontan varios países europeos, ante el riesgo que supone convertir en ilusorio todo ofrecimiento de reestructuración de deuda tendiente a evitar un masivo default, se presentó en juicio como “amicus curiae” (amigos del tribunal), sosteniendo que la interpretación de Griesa de la cláusula pari passu: «podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello socavar las décadas de esfuerzos que EEUU ha gastado para promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana» (plan diseñado por Nicholas Brady en 1989). Tribunales de otros países (Francia, Italia, Alemania), han rechazado demanda planteadas por los Holdouts, reconociendo los llamados de canjes de títulos 2005/2010, ameritando que, en ausencia de una Ley de Quiebras Internacional, como país soberano Argentina tiene legítimo derecho a reestructurar su deuda externa, resolviendo de la mejor forma posible su crisis económica. En este sentido, el Pacto de San José de Costa Rica ratificado por nuestro país en 1984, prevé que los temas económicos atinentes al Estado, no estén sujetos a una jurisdicción extranjera. En consonancia con ello, el proyecto de reforma y unificación al Código Civil Argentino, dispone en el capítulo atinente a los contratos de arbitrajes, un límite a la prórroga de jurisdicción de la legislación local ante un eventual conflicto del estado con empresas privadas extranjeras. De sancionarse por el Congreso en tales términos, la última palabra la tendría la justicia argentina; nó el tribunal o árbitro impuesto por multinacionales de la usura.

Columna: Dr. Horacio Blanc – Edición Nº 151 BRUJULA

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