Por qué se necesita una Ley de Humedales

Brujula

En los últimos 10 años se presentaron numerosos proyectos ante el Congreso. Hubo promesas expresas de Mauricio Macri en 2016 y del Frente de Todos en 2021.

Por Andrés Nápoli

Los humedales son zonas de tierra inundadas de forma temporal o permanente. El agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales y sus relaciones. Se distinguen también por sus suelos y por la presencia de plantas y animales adaptados a los períodos de anegamiento y sequía. 

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Argentina tiene más de 600.000 km² de humedales, el 21,5 por ciento de su superficie. La extensión y variación del territorio del país hace que se tenga una gran diversidad de humedales en zonas urbanas y rurales. En todos los casos cumplen un rol esencial. Se incluyen lagunas altoandinas, mallines, turberas, pastizales inundables, esteros, bañados, albuferas, rías y marismas.

Los humedales poseen un enorme valor biológico, social, cultural y económico. Son grandes reservorios de agua dulce, amortiguan los impactos de las lluvias, controlan la erosión y son destacados sumideros de carbono, incluso más que los bosques. Sin embargo, debido al accionar humano, los humedales se vienen perdiendo a una velocidad 3 veces mayor que los bosques. 

Los humedales, a su vez, son espacios de recreación, investigación y educación, proveen materiales, medicinas, alimentos y constituyen refugios naturales para diversidad de especies silvestres, entre muchos otros beneficios. También sustentan una rica diversidad cultural, modos de vida e identidades distintivas, adaptadas a la diversidad de sus paisajes y de sus bienes. Adicionalmente, y considerando que la mitad de la población mundial ya vive en ciudades y que en nuestro país eso se eleva al 90 por ciento, los humedales en áreas urbanas son ideales para garantizar un contacto directo con la naturaleza, lo cual incide de manera positiva en la vida y la salud de todas las personas, y particularmente, de las infancias y adolescencias.

Degradación

En el marco de la actual crisis ecológica, climática, de contaminación y de desigualdad sin precedentes, acentuada en el último par de años por la pandemia de la Covid-19, que es de origen zoonótico, los humedales no se quedan afuera de procesos de degradación y destrucción del entorno natural. Se estima que en los últimos 300 años ha desaparecido el 87 por ciento de la superficie conocida de humedales del planeta. Pese a su inmenso valor, varios sectores de la sociedad siguen considerándolos como tierras de descarte que deben ser intervenidas para darles uso productivo. Pero los humedales se encuentran entre los ecosistemas más productivos de la Tierra. El 40 por ciento de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos.

Cuanto más se alteran estos ecosistemas, más peligro se corre. Las prácticas productivas a contramano del sostenimiento de la integridad ecológica de los humedales es pan para hoy y hambre para mañana. Las principales causas de la pérdida de los humedales son: la ampliación de la frontera agrícola, la contaminación de origen industrial y domiciliaria, la actividad minera, la sobreexplotación de sus bienes naturales, el desarrollo industrial e inmobiliario y las especies exóticas invasoras.

Por si fuera poco, año tras año se afectan miles de hectáreas de humedales por los incendios. Según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), el 95 por ciento de los incendios son de origen humano. La región del Delta del Paraná, el mayor sistema de humedales de la Argentina, es de las más afectadas por el fuego. Dichas quemas son intencionales, ya que el fuego no es un elemento natural de esta región, a diferencia de otras en el país. Ya no hay “estaciones” de quemas en el Delta, sino que se dan a lo largo de los 365 días del año. La pampeanización del país hizo que prácticas de otras regiones se hayan llevado al Delta, provocando estos incendios, en parte, para facilitar el rebrote de pasturas para consumo de los animales. 

El Delta ofrece presencia de un buen suministro de agua apta para el consumo animal y la existencia de extensas áreas con alta abundancia de especies forrajeras nativas de excelente ca­lidad como para permitirse pensar en una ganadería llevada adelante de forma responsable. Claro que no hay que dejar de decir que detrás de estas quemas también hay otras intenciones: “limpiar” el terreno para hacer cambio de uso del suelo y desarrollar agricultura y ganadería a gran escala, desarrollos inmobiliarios, entre otras actividades.

La virtual desactivación del PIECAS-DP (Plan Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) durante varios años, sobre todo entre 2015 y 2020, redundó en la total ausencia del Estado en el territorio y en que no se impulsaran los diálogos multisectoriales y el proceso de ordenamiento del territorio que son fundamentales para detener las acciones ilegales y no respetuosas de la integridad ecológica de los humedales deltaicos. 

Aun con la reactivación del PIECAS-DP en 2020 e iniciativas como las de Faros de Conservación, sigue pendiente la activación territorial participativa para ordenar estratégicamente las actividades humanas en el Delta, que avanzan sin más sobre los ecosistemas, incluso vulnerando legislación plenamente vigente como la Ley de Bosques Nativos. Particularmente con el fuego, se sigue corriendo detrás de la emergencia con acciones reactivas. Es necesario profundizar en el corto plazo el trabajo preventivo e integral, con enfoque comunitario. Esto, por supuesto, no aplica solo al Delta sino también a todas las regiones del país.

Un escenario similar de amenazas se aprecia en el noroeste argentino, en los humedales altoandinos, con el avance creciente de la minería de litio, un mineral considerado como un recurso estratégico para la transición energética corporativa. Esta actividad extractiva, impulsada por sectores gubernamentales y empresariales, nacionales e internacionales, pone en jaque la integridad de los humedales, así como su capacidad de resiliencia, y su función como sumideros y reservorios de carbono, paradójicamente, condición clave para la lucha contra el cambio climático.

Ley de Humedales

Si bien en Argentina las provincias son titulares del dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios conforme el artículo 124 de la Constitución Nacional (CN), para lograr una protección uniforme del ambiente a lo largo de todo el país las provincias le delegaron expresamente a Estado nacional, en el artículo 41 de nuestra Carta Magna la CN, la facultad de sancionar leyes de presupuestos mínimos ambientales.

Una Ley de Humedales resulta una herramienta fundamental para disponer de un engranaje institucional, principios y herramientas de gestión ambiental específicas para todo el país que sumen y fortalezcan procesos territoriales estratégicos como el ordenamiento participativo de las áreas cubiertas por humedales, además de partidas presupuestarias para acciones de conservación, restauración y uso responsable de estos ecosistemas, así como ratificar legalmente la labor de inventario nacional de humedales que se viene realizando en los últimos años. 

Las únicas políticas públicas ambientales que hoy existen en Argentina, pese a todas los desafíos en materia de implementación, que responden en buena parte a la falta de compromiso político con el ambiente y la deficiente gestión estatal, existen gracias a las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, logradas en muchas ocasiones por la amplia movilización de la sociedad civil.

En los últimos 10 años se presentaron ante el Congreso de la Nación numerosos proyectos de Ley de Humedales. La falta de interés político hizo que en tres ocasiones no prosperaran textos que habían logrado avances, incluyendo dos medias sanciones (2013 y 2016) y un dictamen unificado de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja (noviembre de 2020). Incluso fueron promesas expresas tanto del ex presidente Mauricio Macri, que aseguró que sancionaría la norma en 2016, como del Frente de Todos en la campaña previa a las elecciones parlamentarias de 2021, en la que se exclamó “Sí a la ley de humedales”. 

En el mientras tanto, las amenazas e impactos directos sobre los humedales, con las consecuentes afectaciones para su biodiversidad y comunidades que los habitan, muchas en situación de vulnerabilidad, no se detuvieron. Por el contrario, se profundizaron. Con la no inclusión de la Ley de Humedales en el temario de las sesiones extraordinarias recientemente convocadas por el Presidente de la Nación, la norma vuelve al primer casillero.

El Congreso Nacional debe promover una Ley de Humedales construida de abajo hacia arriba, y que integre la visión de los territorios. No solo es necesario conservar, usar sosteniblemente y restaurar humedales por los beneficios que brindan a las personas, sino para preservar su valor intrínseco. Conciliar el cuidado de los humedales con su uso, no solo es posible, sino que es imperioso porque no hay producción, desarrollo humano ni vida posible con ecosistemas destruidos. Se necesitamos el compromiso y la decisión política.Las presiones de los lobbies extractivistas no pueden ser más fuertes que las demandas populares.

*Director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

**Esta nota fue publicada originalmente el 13/02/22
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